Ya sabes que una de las especialidades de nuestro despacho de abogados en Majadahonda es el derecho de extranjería. En este post queremos centrarnos en un concepto del que se habla mucho pero que puede que algunos de los lectores de este blog no tengan del todo claro. Nos referimos a las conocidas como “devoluciones en caliente”. ¿Qué son? ¿A quién afectan? ¿Están amparadas por el derecho internacional?

A la primera respuesta a la que vamos a responder es a la última. La respuesta en no, las devoluciones en caliente no son legales. Así lo determinaba el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TDHE) el pasado mes de octubre. Lo hacían después de reiteradas denuncias de ONG y de CEAR, la comisión española de ayuda al refugiado. De todos modos, el gobierno lo ha recurrido y el fallo se va a revisar.

El TEDH concluía en octubre de 2017 que las devoluciones en caliente, ejecutadas por el Gobierno en Ceuta y Melilla, son ilegales. Se referían en concreto a la expulsión inmediata de dos ciudadanos subsaharianos a Marruecos. El tribunal lo entendió como una violación del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Este prohíbe los retornos colectivos y obliga a garantizar el derecho de recurso efectivo de las personas devueltas.

Los abogados de estas personas denunciaron en Estrasburgo que nadie les preguntó su nombre y que tampoco les identificaron ni les ofrecieron el acceso a un abogado ni a un intérprete, como establece, entre otras, la Convención de Ginebra y la Ley de Extranjería antes de su última reforma. A la vista de los hechos, el TEDH condenaba a España a pagar 5.000 euros a cada víctima.

Por lo tanto, desde Fúster & Olábarri te recordamos que se habla de devoluciones en caliente cuando a las personas afectadas no se les da la oportunidad de explicar sus circunstancias ni de recibir asistencia de abogados, intérpretes o personal médico. La Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 se refiere a esta situación como «rechazo frontera».

Como decíamos antes, el Gobierno español ha recurrido la sentencia y Estrasburgo la revisará para después deliberar y decidir si mantiene o no la condena a España.